Mar Chiquita: ¿La justicia defiende el medioambiente o hace política?

Hace poco, se conoció por algunos medios de prensa, un fallo judicial que multa al Intendente Carlos Ronda, obligándolo a pagar una multa diaria de 3 mil pesos por cada día de retraso a partir de la notificación del mencionado fallo, por no preservar la Reserva de Biosfera con la que cuenta su partido, además de obligarlo a “realizar acciones y programas tendientes a proteger la Reserva y su zona de influencia”.

Esta acción fue llevada a cabo por la Asamblea en Defensa de la Reserva de Biosfera, una organización que “lucha” por su preservación.

Al respecto, rápidamente la municipalidad salió al cruce aclarando que:
“…Atento a la resolución del Juez Salas, por la cual se sanciona a la Municipalidad de Mar Chiquita, se informa a la comunidad que:
El Municipio aportó toda la documentación de la labor realizada… pero el Juez Salas consideró que no fue suficiente.

No estamos de acuerdo con ello, y por eso el Municipio apelará a la resolución y será la Cámara u órgano superior quién tendrá que resolver.

Respecto a la información que circuló, sobre el incumplimiento de deberes de funcionario, aclaramos que esto no forma parte de la resolución ni fue un tema sobre el cual se haya expedido el Juez.

Por otro lado, informamos que la resolución tampoco trata ni modifica la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, la cual permite el estudio de impacto ambiental…”

Ahora bien.

La ONG en cuestión, anuncia que, a partir del fallo, denunciará a Ronda por incumplimientos de los deberes como funcionario público, desobediencia y pedirá su destitución y la inhabilitación para que el jefe comunal no pueda volver a ocupar cargos públicos. Quedando claro, que la JUSTICIA, NADA DIJO SOBRE ESTE TEMA. Primera falacia informativa.

La segunda falacia, indicamos desde este medio, es que “un juez dictó sentencia con multa diaria al actual intendente”. Pero el fallo NO ES “POR LA ORDENANZA”, sino por lo contrario: POR HABERLA RETRASADO desde el año pasado. Ordenanza votada por concejales oficialistas junto con opositores y ultra opositores. Es decir, entonces, que la multa es al ESTADO MUNICIPAL, no a quien hoy ocupa la titularidad del Departamento Ejecutivo, o sea a los vecinos de Mar Chiquita.

Tercera falacia. La sanción al intendente, corresponde en primera instancia al Honorable Concejo Deliberante. La que, si se da, es revisada por la justicia, pero no del fuero ambiental. Al respecto, el Decreto-Ley 6.769/58, la Ley Orgánica Municipal, establece el procedimiento, en los artículos 247 a 253.

En otro orden, cabría reflexionar porqué, si la denuncia la hacen POR CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE Y LA RESERVA, un juez pene al actual intendente, que se encontró al llegar con el daño ambiental hecho, y no condene al titular de la gestión anterior que apoyó y permitió crear la barriada con las consecuencias hoy a la vista.
O bien al Juez, no le llego toda la información, o la política metió la cola, en un año, particularmente especial, por ser electoral.

Sería deseable, a estas alturas, la intervención del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), para darle más seriedad y ecuanimidad al tratamiento de este tema, que como detallamos, viene de larga data.

Preguntas que se nos ocurren:

-Porque funcionarios provinciales, muy bien “pagos” de la gestión provincial anterior hicieron la vista gorda, cuando les llegaron las denuncias y quejas de los vecinos, que alertaban sobre estos temas ambientales y movimientos de tierra INDEBIDOS, al inicio de obras del barrio, se estaban cometiendo en la zona de Reserva PROVINCIAL?

-Porque no hay multas o penalidades hacia los responsables del control provincial anterior?

-Porque no actuó antes del fallo judicial el OPDS?

-Los que hoy, toman esto como un botín de guerra electoral, serán tan “ruidosos” en sus manifestaciones, cuando el gobierno municipal apele la medida a la Cámara correspondiente?

-Son conscientes, que mientras se juega a la política, se perjudica todo Mar Chiquita?