Hoy los alumnos de la Provincia de Buenos Aires debían retomar el ciclo lectivo. Sin embargo, la determinación de 48 horas de protesta decidida por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) hizo mella y la huelga fue ratificada por Suteba, situación que se da en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la administración Vidal el jueves pasado, luego de que los gremios provinciales hubieran lanzado otra medida de fuerza, en ese caso de 72 horas (para este lunes, martes y miércoles).
Si bien esa medida fue suspendida por el resto de los sindicatos relacionados con la educación en Buenos Aires, que decidieron acatar la conciliación, el gremio de Baradel adhirió luego al paro de Ctera.
«El Suteba resolvió adherir a la Jornada Nacional de Protesta de 48 horas convocada por Ctera para los días 30 y 31 de julio, con la realización de paro y movilización», indicó el gremio docente. «No estamos dispuestos a resignar conquistas conseguidas con la lucha del conjunto de la comunidad educativa a lo largo de los últimos años», dijo el Consejo Ejecutivo Provincial del Suteba en un comunicado, firmado también por la Ctera y la CTA.
«Hay un paro nacional que es de CTERA; se trata de una jornada nacional de lucha de 48 horas que se expresa con paros y movilizaciones en seis provincias. Esto es provocado por la falta de paritaria nacional, que pueda ofrecer una garantía de piso salarial a todas las provincias; por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo; y por la pretensión de eliminar el incentivo docente», señaló Baradel en declaraciones radiales.
Y agregó que «esta es otra medida, no es la que se había fijado inicialmente, por lo que esto no es violatorio de la conciliación obligatoria, que igualmente adolece de varias irregularidades, como no haber citado a las partes. Esta medida no estuvo objetada ni intimada por ningún ministerio en relación con la conciliación obligatoria.», añadió en su defensa.
Vale destacar que desobedecer la conciliación determinaría una sanción –prevista en la Ley 26.941- que podría ser de 600 millones de pesos para el sindicato. «El incumplimiento a una conciliación obligatoria es una infracción grave. Se contempla una multa por trabajador que se puede fijar entre un 50 y un 2.000 % del salario mínimo, que hoy está en 10.000 pesos”, afirmaron fuentes de calle 6, pese a los fundamentos del sindicalista.
Si se tiene en cuenta que Suteba tiene casi 120 mil afiliados activos y jubilados se llegaría a los 600 millones de pesos si se impone el mínimo del rango previsto.