La Matanza cobró para asistir en el saneamiento del riachuelo, pero no hizo el trabajo

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Universidad Nacional de La Matanza firmaron un convenio laboral donde el dinero se puso, pero el trabajo, no.

La idea era que la institución educativa realizara un “plan de acción para el diagnóstico de la situación actual de las conexiones y descargas clandestinas de efluentes industriales y cloacales”, detalló la investigación, aprobada este año.

Sin embargo, tras analizar los antecedentes de los consultores contratados, la AGN descubrió que “solo dos tienen vinculación” con la casa de altos estudios. Una clara tercerización laboral.

“En este contexto resulta que la Universidad actuó como marco institucional mientras tercerizaba las tareas de consultoría”, concluyó el organismo de control.

Lógicamente, el acuerdo no fue gratuito. La Auditoría reveló que, si bien el convenio expiró a fines de 2013, hasta octubre del año siguiente se habían erogado $6.205.089, de los cuales se justificaron $4.091.900.

Eso significa que, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2015 se “encontraban pendientes de rendición $2.208.100”, es decir el 35,4% del total.

Y, en cuanto a lo que sí se rindió, la propia ACUMAR alertó sobre “inconsistencias” en un detalle de gastos presentado por la Universidad de La Matanza, por $ 1.432.300, entre las que destacó “falta de recibos de pagos y la imposibilidad de obtener la constancia de inscripción (al monotributo) de algunos proveedores”.

Como dato de color, el informe completa que “de la suma de las facturas presentadas por un proveedor, se constata que excede el permitido según la categoría de monotributo en la que se encuentra inscripto”.

Según la Defensoría del Pueblo, el convenio no le permitió a la ACUMAR obtener información
Dice ese trabajo: “Las contrataciones realizadas con la Universidad Nacional de La Matanza para la detección de conexiones clandestinas, no posibilitaron que la ACUMAR cuente con información suficiente a fin de tomar las acciones necesarias que le permita llevar adelante controles sobre el estado de los desagües pluviales, que conducen tanto agua de lluvia como efluentes domiciliarios e industriales hacia el río y sus arroyos tributarios”.

Por su parte, los propios auditores completaron: “A la fecha de nuestro examen, no hemos recepcionado información o dictamen técnico que nos permitiera analizar la continuidad o no del referido al convenio, atendiendo a las sumas erogadas”.

El informe completo puede verse aquí.

Con información de El Auditor y AGN